El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió este miércoles una resolución en la que expresó que de prosperar la iniciativa del Gobierno para el Presupuesto 2026 caería un 30% la financiación de los hospitales que dependen de su Facultad de Medicina, incluido el Hospital de Clínicas.
El Consejo Superior de la UBA solicitó a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación “el rechazo y/o modificación de dicho dictamen y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las Universidades Nacionales y la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”.
Centros como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari dependen de la Facultad de Medicina de la UBA, pero están financiados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional.
hospital de clinicas
Por ese motivo desde el Consejo Superior de la UBA insistieron esta semana en que el presupuesto que Javier Milei presentó para 2026 -al cual se le incorporó a último momento la posibilidad de derogar la Ley de Financiamiento Universitario- dejaría en emeregencia a la casa de estudios y a los centros médicos en los que se atienden 700.000 personas al año.
Durante 2025 el Gobierno y el Congreso mantuvieron una pulseada por la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos normas que fueron vetadas por Javier Milei y que necesitaron el apoyo del Poder Legislativo para poder seguir vigentes.
Sin la ley para subsanar las deficiencias presupuestarias de las universidades nacionales, desde la UBA esperan un «brutal recorte» que verá aún más vulnerados los salarios del personal docente, no docente y científico, que perdieron el 45% de su poder de adquisitivo desde diciembre de 2023.
Ya en 2025 la casa de estudios había tenido que alterar su funcionamiento por falta de fondos para mantener sus instalaciones, por ejemplo, en el caso de los ascensores o la iluminación en todos los pasillos.
La derogación de la Ley de Financiamiento Universitario «agravaría aún más» el estado de las universidades públicas nacionales, lo que provocó el pedido tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para que rechacen ese punto del Presupuesto 2026.
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