El 10 de mayo de 2021, Ezequiel Ríos fue arrestado en La Plata acusado de supuestamente abusar sexualmente de su hija, en lo que luego se comprobó como una denuncia falsa.
La acusación había sido presentada por su exesposa en el marco de un conflictivo proceso de separación y derivó rápidamente en una causa penal que lo mantuvo injustamente en prisión durante más de cuatro años.
Desde entonces, la vida de Ríos estuvo marcada por un verdadero calvario judicial. La investigación inicial se basó en «testimonios» recabados en el fuero de Familia y en un elemento clave: la Cámara Gesell en la que declaró la menor. Sin embargo, esa prueba terminó siendo cuestionada por la defensa, que detectó irregularidades que atentaban contra el derecho a la defensa del acusado.
La declaración de la niña se realizó durante la pandemia de COVID-19, en condiciones poco convencionales: no se respetaron los protocolos habituales de la Cámara Gesell, sino que se llevó a cabo mediante videos sin supervisión de la defensa. Este factor fue crucial durante el juicio oral, ya que la prueba quedó afectada por vicios de nulidad.
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“Fue un proceso totalmente irregular, donde la palabra de la defensa nunca fue escuchada y donde se pretendió construir un caso a partir de un procedimiento inválido”, afirmó Matías Pietra Sanz, abogado que asumió la defensa técnica de Ríos.
El letrado destacó que las acusaciones surgieron tras la separación de la pareja y señaló la existencia de indicios de que se trataba de una maniobra para alejarlo de la vida de su hija.
Durante el juicio oral ante el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, compuesto por los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini, la fiscal Leila Aguilar tomó una decisión determinante: desistió de mantener la acusación contra Ezequiel Ríos.
Este paso no implicó un incumplimiento de sus funciones, sino todo lo contrario. Los fiscales deben actuar con objetividad y no están obligados a sostener una imputación sin pruebas sólidas. En la práctica, esto significa que, ante la ausencia de elementos probatorios suficientes, el Ministerio Público Fiscal puede y debe retirar la acusación.
“Cuando la fiscal se dio cuenta de que no había elementos probatorios, cumplió con lo que corresponde: retiró la acusación porque lo que estaba en juego era la libertad de una persona inocente”, destacó el abogado Matías Pietra Sanz, defensor del acusado.
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La resolución del tribunal fue firme: absolver a Ríos y ordenar su inmediata liberación. Tras más de cuatro años de prisión, recuperó la libertad, aunque con una vida marcada por la injusticia sufrida.
“Estuvo detenido más de 4 años por una denuncia falsa que surgió en el marco de una separación. Esto muestra la gravedad de utilizar a los hijos como instrumento en conflictos de pareja y la necesidad de que la justicia actúe con celeridad y responsabilidad”, subrayó Pietra Sanz.
El abogado señaló que el caso deja dos enseñanzas importantes: garantizar que las pruebas se obtengan en condiciones válidas y recordar que el derecho penal no debe convertirse en un instrumento para dirimir disputas familiares.
Una Justicia «feminista»
El expediente también pone de relieve, en última instancia, las fallas de un sistema que permitió que un hombre permaneciera años detenido sin pruebas suficientes.
La irregularidad en la Cámara Gesell, la demora en llegar al juicio oral y el peso devastador de una acusación de abuso sexual contra un padre evidencian el daño que puede causar una denuncia falsa, especialmente luego de años en donde, desde la política, se impulsaron campañas directamente feminazis que hicieron posible este tipo de casos, en donde hombres, sin pruebas, son arrestados sin motivo.
La defensa enfatizó que este caso no debe interpretarse como un obstáculo para que las víctimas de delitos sexuales presenten denuncias, sino como una advertencia sobre la necesidad de que las investigaciones se conduzcan con el máximo rigor y respeto por las garantías procesales.
Ahora, el hombre enfrenta el reto de reconstruir su vida, recuperar los vínculos familiares dañados y superar el estigma de haber sido injustamente privado de su libertad. Su absolución, además, se convierte en un precedente sobre la importancia del trabajo conjunto entre defensa, fiscalía y jueces para corregir el curso de causas que nunca debieron llegar a juicio.
La defensa adelantó al medio digital de La Plata «0221» que iniciará acciones legales contra la expareja por “falsa denuncia” y solicitará sanciones para el fiscal de instrucción y el juez de Garantías que intervinieron durante la etapa de investigación.