El drama del fentanilo contaminado sigue sumando muertes. Y es que la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional informó que ya son 38 los fallecidos por la utilización del compuesto, que fue producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Esto motivó a realizar nuevos allanamientos en sus instalaciones, para verificar sus procedimientos y determinar si son responsables los de las muertes.
Hasta ahora, el total de casos confirmados en Santa Fe llega a 39, mientras que otros 19 son de la provincia de Buenos Aires y dos en CABA. En el resto de las provincias del país, por el momento, no se notificaron casos sospechosos. De hecho, y sobre la evolución clínica de los pacientes, explicaron que los 38 fallecidos provienen de 8 de los 16 establecimientos que notificaron casos. A todos ellos, se les administró fentanilo producido por la firma HLB Pharma.
Dentro del parte del Boletín Epidemiológico, explicaron: “Los casos notificados hasta el momento tienen fecha de internación (o fecha de toma de muestra, cuando no se encuentra consignada la fecha de internación) entre el 10/02 y el 09/05. Todos los casos notificados a partir de la alerta epidemiológica fueron identificados de forma retrospectiva, no registrándose nuevas notificaciones ocurridos luego de dicha alerta”.
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Con respecto a las personas que murieron producto del fentanilo contaminado, las autoridades sanitarias explicaron que los pacientes fueron, en su mayoría, hombres con una edad promedio de 57 años: “En 6 de los 8 establecimientos que registraron casos fallecidos ya se ha confirmado un foco del brote (al menos un caso en el que se pudo confirmar la asociación al brote por parte del LNR), estando el restante en estudio”, detalló el informe.
Por último, el parte del Boletín precisó que a la totalidad de los casos de personas fallecidas se les suministró previamente el lote de fentanilo mencionado siendo 12 días la mediana entre la administración y el fallecimiento: “De todas maneras, aún se encuentra en investigación si la causa del fallecimiento está vinculada al evento en estudio. En todos los casos, eran pacientes que se encontraban previamente internados por otras causas y se les administró el medicamento en contexto de la intervención que cada uno requería por su estado clínico”, explicaron.
La ANMAT inicia operativo nacional para recuperar el fentanilo contaminado
HLB bajo la lupa: denuncias cruzadas, muertos que faltan y un escándalo que nadie quiere asumir
Ariel García Furfaro, señalado como referente de HLB Pharma Group, es una figura polémica: hasta hace poco compartía negocios con el sindicalista Víctor Santa María, pero recientemente aseguró haber vendido su participación en el laboratorio. Según su versión, ahora es “víctima de un sabotaje orquestado por un ex empleado». En paralelo, aparece Jorge Salinas como otro nombre clave en la trama: vinculado al caso Ramallo, este empresario ya había estado en la mira hace una década, cuando una explosión en su laboratorio Apolo en Rosario generó serios daños en el vecindario.
Sin embargo, el foco principal de la investigación judicial se concentra por ahora en un frente más básico, pero igual de problemático: determinar con precisión cuántas personas murieron, establecer el recorrido completo de los lotes contaminados de fentanilo (y si hay otros aún no identificados), y recuperar todo ese material en circulación antes de que cause más daño.
Esa recuperación debería estar siendo coordinada por la ANMAT, pero no avanza. El organismo regulador incluso denunció a HLB por no haber desarmado la cadena logística, una obligación legal que permite identificar y retirar los lotes distribuidos. Como el laboratorio no respondió a ese deber, la ANMAT se amparó en esa falta para justificar su imposibilidad de responder a los requerimientos de la Justicia Federal.
Ante esta parálisis institucional, la Justicia avanza sola en una tarea meticulosa: reconstruir el circuito «laboratorio-droguería-cliente» sin la colaboración de HLB. Para ello, cuenta con la ayuda de las droguerías y la policía, que están contactando uno a uno a hospitales y clínicas privadas. A cada establecimiento se le solicita que firme un acta para comprometerse a preservar el material posiblemente contaminado, clave para evitar nuevos casos.
TC/fl