En un claro intento de promover la xenofobia desde el poder del estado, que el gobierno viene impulsando desde que asumió, ahora publicaron en el Boletín Oficial el decreto anunciado por el vocero y ahora legislador Manuel Adorni. Se trata de una reforma migratoria que busca acelerar deportaciones, limitar el acceso a la salud, educación superior y que incluso imponen un sesgo de clase a la hora de dar lugar a la nacionalidad. Discípulos de Donald Trump.
El decreto en cuestión es el N° 366/2025 y entre sus considerandos hace un verdadero despliegue de xenofobia que mezcla “terrorismo”, inseguridad y prejuicios de todo tipo. Vamos por partes:
Menciona como riesgo, sin ningún tipo de prueba al respecto, en calidad de fantasía, que las deportaciones que está llevando adelante el gobierno de Trump en Estados Unidos podrían derivar en una suerte de flujo migratorio masivo de deportados hacia nuestro país, ya que intentarían aprovecharse del sistema de salud y educación públicos (a los que denomina servicios). No olvidemos que estos sistemas ya cuentan con graves problemas producto del desfinanciamiento del propio gobierno con su motosierra, que intenta ahora tirarle el fardo a los migrantes. A esto agregan: “dada su condición de deportados, se trataría en este caso de inmigrantes con un antecedente de ingreso ilegal en otro país, por lo que es dable suponer que su entrada en nuestro territorio no sería realizada legítimamente, sino de forma irregular” y esto “puede generar una amenaza contra la seguridad pública nacional”.
En esta línea, ponen en juego una relación arbitraria entre inmigración y “terrorismo” alineada directamente con los dictados de Estados Unidos: “debe agregarse el riesgo de organizaciones que recientemente han sido inscriptas en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), como el Tren de Aragua (República Bolivariana de Venezuela) y la Resistencia Ancestral Mapuche, que tributa a la organización chilena Coordinadora Arauco Malleco. No solo mezclan terrorismo e inmigración, asociando a aquellos que deben dejar su lugar de nacimiento para sobrevivir en otra parte como potenciales delincuentes, sino que continúa la persecución y estigmatización del pueblo mapuche, el mismo que fue reprimido una y otra vez por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Basta con mencionar la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel como resultado de esta política sistemática contra los pueblos originarios.
En otro párrafo denigrante plantean: “Que la modificación propiciada contribuirá a desalentar el “turismo de natalidad”, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino”. De plantear que “se embarazan por un plan” ahora la ultraderecha plantea que “se embarazan por un pasaporte”. Una afirmación racista y misógina que no va acompañada de ningún tipo de dato que de pruebas concretas para realizar semejante afirmación desde el Poder Ejecutivo y sea el fundamento de un decreto.
A partir de estos “considerandos” es que el gobierno dispondrá una larga serie de controles sobre la población migrante, sobre la que busca poner la lupa. En esa sintonía busca habilitar incluso la posibilidad de utilizar “el instituto de la retención preventiva a fin de garantizar que las expulsiones puedan materializarse”. En otro apartado, siguiendo una línea a la que se sumaron varios gobernadores en los últimos meses definen para todo el territorio “habilitar a los establecimientos sanitarios públicos a cobrar los servicios a aquellos extranjeros que no habitan establemente esta Nación”. Es decir, convertir un derecho elemental en un “servicio” que los migrantes deben pagar, poniendo en riesgo su salud. A su vez, requerirán a partir de ahora a los extranjeros que ingresen al país un seguro médico que seguramente muchos no estén en condición de pagar.
Más adelante en el mismo decreto, avanza de igual manera contra el derecho a la educación universitaria gratuita, esa misma que el gobierno viene desfinanciando a pasos acelerados. Es decir, pagamos salarios de miseria a los docentes universitarios y luego además fundamentamos parte del ajuste en el gasto excesivo en estudiantes extranjeros. Llegan al colmo de plantear que se trata de recobrar parte de lo ajustado: “la habilitación al cobro de los servicios de educación universitarios para extranjeros que no cuenten con una residencia permanente permitirá a las universidades nacionales sufragar parte de sus gastos de forma sostenible”.
En otro apartado plantea criterios directamente clasistas para el acceso a la ciudadanía: “corresponde asegurar el acceso a la ciudadanía a aquellos que realicen una inversión relevante en el país.” Y precisa que “(…)cabe asignar al MINISTERIO DE ECONOMÍA la facultad de determinar, con pautas objetivas, cuándo una inversión en el país califica, por su relevancia, como para acceder a la ciudadanía.” Es decir, la lógica pasa por recibir a aquellos con capital y un desprecio por las decenas de miles de personas nacidas en otros países que trabajan todos los días, en su mayor parte sin ningún tipo de derecho laboral, justamente por su condición de migrantes.
En esa sintonía es que plantea que la “excepcionalidad de la situación descrita”, lo que implicaría un “peligro” para la población argentina, habilitaría a plantear en forma de decreto de necesidad y urgencia y no como proyecto de ley esta iniciativa contra los migrantes. Los artículos que dan cuenta de todos estos considerandos implican de conjunto una avanzada en el control de la población migrante de conjunto, ubicada en un lugar de “criminalidad potencial”.
Es necesario rechazar este DNU xenófobo y pelear por plenos derechos para la población migrantes. La enorme mayoría pertenecen a la clase trabajadora, golpeada por las crisis en su lugar de origen. Se trata de una misma clase trabajadora, sea nativa o extranjera y es necesario impedir la persecución y control racista que quiere imponer la derecha libertaria.
El discurso y las leyes xenófobas de hoy intentan encontrar chivos expiatorios para la crisis económica y social que vive nuestro país y que tiene responsables claros en los grandes empresarios, el Fondo Monetario Internacional y todas las fuerzas políticas que vienen garantizando la subordinación a seguir pagando la odiosa deuda externa.