En los últimos meses, la economía argentina ha comenzado a dar señales positivas que parecían impensables hace apenas un año. El Indec confirmó que en diciembre la inflación continuó bajando, consolidando una tendencia que no solo se refleja en los índices, sino también, de forma incipiente, en los bolsillos y el ánimo social. Estas cifras, además de ofrecer cierto alivio, abren la puerta a un escenario de estabilidad que parecía inalcanzable tras años de volatilidad extrema.
El descenso de la inflación trae consigo una leve recuperación de los ingresos, lo que, aunque insuficiente, reduce parcialmente las tensiones sociales. En el ámbito productivo, se perciben signos de reactivación, aunque con marcadas desigualdades entre sectores. Ante este panorama, el gobierno ha adoptado un enfoque muy gradual y prudente para desarmar las restricciones al acceso al mercado cambiario (cepo). Este proceso busca ir liberando el mercado cambiario en la medida que se van fortaleciendo las reservas del Banco Central. La meta subyacente es contar con un colchón para sostener la estabilidad ante eventuales imprevistos que puedan amenazar el equilibrio alcanzado.
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Otro avance relevante es la disminución del riesgo país, que abre la posibilidad de que una parte de la deuda pública pueda ser financiada en los mercados, evitando refinanciamientos forzosos. Asimismo, la decisión de reducir a la mitad el ritmo de devaluación a partir de febrero refleja la prioridad del gobierno: consolidar la baja de la inflación como eje central de su estrategia económica y política. Por primera vez en décadas, Argentina parece encaminada hacia una economía más previsible y ordenada.
Macro estable, pero con dólar bajo
Sin embargo, la estabilidad macroeconómica también presenta desafíos. Argentina ha entrado en un ciclo de “peso fuerte” o, en términos prácticos, de “dólar barato”. Aunque esto beneficia a los consumidores y contribuye a la desinflación, genera tensiones en sectores productivos que enfrentan dificultades para competir, tanto en el mercado interno como en el internacional.
Más allá de la cuestión cambiaria, estas tensiones responden a problemas estructurales que limitan la competitividad. La elevada presión impositiva, los altos costos logísticos y laborales y una burocracia excesiva, son barreras que afectan la productividad. Resolver estas limitaciones requiere reformas profundas. Hubo avances en el último año, pero a un ritmo demasiado lento y desparejo para lo que son las necesidades de la producción nacional.
La buena noticia es que son minoría los que plantean que la solución está en manos del Banco Central y mayoría los que manifiestan que hay amplios márgenes para mejorar la competitividad mejorando el entorno que condiciona la producción. Partir del diagnóstico acertado es un primer paso para encontrar soluciones a los viejos problemas que afectan a la Argentina.
Pero también es cierto que abordar los factores que afectan negativamente la competitividad es una tarea monumental. Exige actitud innovadora, audacia y gran habilidad política para vencer intereses e inercias.
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El camino incluye, entre otras áreas muy complejas, la eliminación de impuestos distorsivos, la modernización de la infraestructura logística, la desburocratización, la mejora de la educación y reformas en el mercado laboral que permitan generar empleos formales sin aumentar los costos para las empresas. El desafío trasciende el presente. Las decisiones tomadas hoy tendrán un impacto directo en 2025 y en los años siguientes.
Desacelerar el crawling peg, acelerar las reformas
La decisión de reducir el ritmo de devaluación es consistente con el objetivo de continuar con el proceso de reducción de la inflación. Se trata de una meta compartida por la mayor parte de la sociedad. Pero también tiene que ser asumida como una decisión que aumenta la urgencia de darle más velocidad e integralidad al proceso de reformas. Obviar este aspecto llevará a aumentar la presión sobre amplios sectores de la producción que bajo las actuales condiciones tienen altas y creciente dificultades para competir con productores del exterior.
La historia reciente enseña que la estabilidad –siendo la convertibilidad una de las experiencias más exitosas– requiere equilibrio fiscal y eficiencia productiva para ser sostenible. La falta de disciplina fiscal y las insuficientes reformas causaron la crisis de 2002. En años posteriores, las devaluaciones ocultaron problemas de competitividad, a costa de agravar el empobrecimiento.
El plan de estabilización de Milei introduce como novedad la estricta disciplina fiscal. A eso se suma, como otro factor diferenciador muy importante respecto a experiencias pasadas, el enorme dinamismo en la generación de divisas en los hidrocarburos y la minería. Estas diferencias hacen menos probable que los crecientes problemas de competitividad que afectan a muchos sectores deriven en una brusca devaluación. Pero no evitan el estancamiento en la generación de empleos. Por eso, más allá de las diferencias con experiencias pasadas, lo más importante en materia de política económica no pasa por lo que haga el Banco Central sino por la actitud que adopte el gobierno en relación a las transformaciones listadas en el Acta de Mayo.
(*) Coordinadora general de Idesa