El reciente arresto de Guillermo “Billy” Álvarez, quien fuese durante varios años el director general de la Cooperativa Cruz Azul, ha dejado en evidencia no solo el escándalo político y económico que involucró el nombre de la Máquina Celeste de Cruz Azul, sino también una creciente incertidumbre sobre los negocios que administra esta organización histórica.
Conocida principalmente por su producción de cemento, desde su fundación en 1932, la Cooperativa Cruz Azul ha sido una de las empresas más importantes del país. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos recientes, han surgido inquietudes sobre la transparencia financiera y la gestión de los recursos en la cooperativa.
A través de su marca “Cementos Cruz Azul”, se dedica a la producción y comercialización de cementos hidráulicos, siendo una de las cementeras más grandes de México. La cooperativa posee plantas en varias partes del país, como en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, lo que la convierte en un jugador clave en la industria del cemento; sin embargo, los negocios de la organización van más allá de la industria cementera.
En los últimos años, Cruz Azul ha diversificado sus inversiones, y entre los activos más destacados se encuentran el sistema de atención médica “Médica Azul, SA de C.V.”, que ofrece desde consultas generales hasta servicios especializados, hospitalización y cirugías. Además, la cooperativa es dueña de un lujoso hotel en Ixtapa Zihuatanejo, el “Hotel Azul Ixtapa”, un destino de cinco estrellas que añade otra capa de complejidad a las operaciones de la cooperativa.
Sin embargo, el manejo de estos negocios fuera del sector cementero ha levantado más de una ceja, ya que no se ha proporcionado a los socios cooperativistas información clara sobre su rentabilidad ni sobre el manejo financiero de las empresas asociadas.
Desde 2016, no se ha entregado a los socios un informe detallado sobre las finanzas del Hotel Azul Ixtapa, ni sobre otras inversiones como el Fraccionamiento Punta Celeste en la delegación Tlalpan, que consistió en 46 viviendas construidas con recursos de la cooperativa. A los socios se les informó que la venta de estos inmuebles contribuiría a fortalecer el fondo de pensiones y jubilaciones, pero hasta 2019 no se tenía claridad sobre si esto realmente ocurrió.
Esta ausencia de información generó desconfianza entre los socios, quienes no solo exigen claridad sobre los ingresos y egresos de la cooperativa, sino también sobre los millones de pesos que se han destinado a empresas vinculadas con la administración de la cooperativa, muchas de las cuales parecen tener una estructura empresarial dudosa.
Algunos de estos negocios operan en modestas oficinas, cuyos accionistas residen en colonias populares, lo que aumentó las sospechas sobre posibles irregularidades en la asignación de recursos.