El gremio de los legislativos (APL) repudió los decretos que avalan las cesantías. El jueves está prevista una reunión de Villarruel con el sindicato.
23/10/2024 – 10:45hs
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La Asociación del Personal Legislativo (APL) dispuso el estado de alerta y movilización en rechazo a los despidos de 58 empleados transitorios de las comisiones bicamerales de la cámara alta del Congreso. En esa línea, repudió los decretos DP 44/2024 y 45/2024, firmados por la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, que habilita el cese laboral del personal.
En diálogo con iProfesional, el secretario General de la organización gremial, Norberto Di Próspero, explicó que «echaron a trabajadores y trabajadoras con más de 12 años en planta transitoria y que estaba a punto de pasar a planta permanente» y subrayó que «con estos decretos «atacan las fuentes de trabajo y violan abiertamente nuestro estatuto y escalafón, ley 24.600».
Decretos, malestar y reunión entre Victoria Villarruel y gremios
El viernes pasado Villarruel dictó el decreto 44/2024 que cesanteó a 38 trabajadores transitorios, y este lunes se conoció un nuevo decreto (45/2024) que echó a 20 empleados más que se desempeñaban en las comisiones bicamerales.
Fuentes gremiales indicaron que, frente a los primeros despidos, Di Próspero le solicitó una reunión a la titular del Senado, acordada para este jueves a las 16, pero resaltaron que «con el encuentro pactado insistieron en avanzar con más cesantías… no se entiende si es una provocación o torpeza política».
Los voceros recordaron que cuando Villarruel llegó al Senado, convocó a los representantes gremiales, con quienes se comprometió a «trabajar en conjunto y respetar a quienes cumplen con sus tareas, asegurando que no iba a encabezar una persecución ideológica» y agregaron que «no están cumpliendo con su palabra, inventando dictámenes jurídicos maliciosos cuyo único objetivo es atacar las fuentes de trabajo de las empleadas y empleados del Senado».
«Hay un desconocimiento de la gestión y desprecio hacia el personal»
En un documento, la conducción de APL planteó que, desde el 10 de diciembre, «se visualizan decretos, dictámenes y resoluciones administrativas que violan abiertamente la ley 24.600, contradiciéndose con los dictámenes jurídicos que utilizan para dejar a trabajadoras y trabajadores despedidos».
Di Próspero aseguró que «voy a ir a la reunión con Villarruel para explicarle esta situación, porque está cometiendo errores graves, arbitrariedades, persecuciones totalmente fuera de todo análisis objetivo, que demuestran un gran desconocimiento de gestión y desprecio hacia el personal de la Cámara Alta».
Asimismo, apuntó que «queremos saber cuál es el criterio de las cesantías, porque se trata de personal de áreas de servicio, que va todos los días a trabajar, con ingresos de 700.000 pesos, que no son kirchneristas y que hace 12 años que están en planta transitoria y debían pasar a planta permanente» y recordó que «algunos fueron echados durante la gestión de Gabriela Michetti durante el gobierno de Mauricio Macri y fueron reincorporados».
Versiones de renuncia en el entorno de la titular del Senado
Las fuentes consultadas advirtieron que esta situación disparó una interna en las filas de Villarruel, que dispararía la renuncia de la secretaria Administrativa, María Laura Izzo, enfrentada con algunos de los colaboradores de la vicepresidenta. El problema es que, si Izzo se va, su reemplazante debe designarlo el Senado, donde el peronismo tiene mayoría. A esto hay que sumarle el malestar de legisladores de la oposición por cierto manejo de Villarruel en la designación de asesores, mientras el oficialismo tiene «vía libre».
Además, revelaron que «mientras los cesanteados tienen ingresos promedio de 600.000 pesos los cargos de dirección puestos por La Libertad Avanza cobran unos 4.500.000 pesos» y añadieron que «quienes asesoran a Villarruel la están errando, inclusive la jugada del busto de Isabelita no cayó bien en la Cámara».