Después de la desaceleración del crecimiento el año pasado, Argentina sufrirá una contracción 1,6% de su PBI este año y se recuperará 1,1% en 2024. El aumento de la inflación, el ajuste fiscal y los controles cambiarios impactarán en el consumo y, por la fragilidad de la situación financiera, tampoco se puede descartar una devaluación.
Ese es el pronóstico inquietante que se desprende de un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la región. El mismo espera una ralentización económica de América Latina, mayor que en el resto del mundo y con un bajo crecimiento (1,5%) por una menor demanda externa y un consumo doméstico golpeado por la elevada inflación.
«El mercado laboral mejoró, pero se espera que la próxima recesión traiga una caída del empleo. Las exportaciones están padeciendo las consecuencias de la grave sequía registrada en 2023, pero se recuperarán en 2024. La inflación superó el 100% y se mantendrá en niveles altos a corto plazo, a pesar de contar con una posición fiscal ligeramente menos expansiva», señaló el estudio.
De los 7 países que compara el trabajo titulado «América Latina: Estabilidad fiscal y equidad, un camino compartido hacia el progreso», Argentina encabeza la lista con peor performance en relación al PBI proyectado, solo seguido por Chile (-0,1%), y será el único caso con tres dígitos de inflación (106,9%). La tabla incluye a Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Para la OCDE, «los estrictos controles de capital y la incertidumbre política ante las elecciones de octubre de 2023 frenarán la inversión y el consumo en 2023. Cabe esperar que el gasto público disminuya durante 2023, a medida que se reduzcan los subsidios a la energía y el cumplimiento de los objetivos fiscales exija una mayor contención del gasto».
La organización compuesta por 38 estados que impulsan políticas de libre comercio ya había reducido su proyección de crecimiento para Argentina a 0,1% en marzo pasado. Pero ahora observó un «debilitamiento», tras la contracción registrada en el último trimestre de 2022 por el descenso de la inversión y el consumo privado, un deterioro que habría continuado este año.
«Los indicadores a corto plazo apuntan a una nueva contracción durante la primera mitad de 2023, a medida que la producción agrícola se ve afectada por la grave sequía. El desempleo ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, alcanzando el 6,3% en el cuarto trimestre de 2022, aunque la informalidad ha aumentado bruscamente, acercándose al 40% de la fuerza laboral», aseguró.
En medio del deterioro de las cuentas públicas, la OCDE espera una política fiscal «menos expansiva» y cree que el objetivo de déficit primario del 1,9% del PBI en 2023 será «todo un reto», a pesar del recorte de subsidios a la energía. La sequía, a su vez, provocará una fuerte caída de los ingresos por impuestos a la exportación, lo que «podría elevar el déficit fiscal».
Sin ancla inflacionaria y riesgo de devaluación
Según el informe, la confianza de los consumidores se redujo y la inflación oficial subió 108,8% anual en abril, el nivel más alto en más de 30 años, en medio de una brecha «cada vez mayor» entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. «Sin un ancla formal de las expectativas inflacionarias, la inflación está ampliamente extendida y la inflación núcleo se sitúa en el 105%», añadió.
Si bien se destaca que el Banco Central elevó la tasa de interés 13 veces desde principios de 2022, hasta alcanzar el 97%, lo que alivió las presiones sobre el tipo de cambio, también sostiene que son necesarias «nuevas subas» en 2023 en vista del repunte de la inflación. Y la inestabilidad cambiaria aparece como uno de los «riesgos» en el horizonte.
«Las escasas reservas de divisas, las estrictas restricciones monetarias y los grandes volúmenes de bonos del Banco Central en circulación en un contexto de inflación y tasas de interés al alza podrían provocar una devaluación de la moneda, una espiral inflacionista y la incapacidad de cumplir los objetivos fiscales actuales», advirtió la organización.
Los autores del reporte reconocen que los tipos de cambio diferenciales para el agro -como el dólar soja, que concluyó a fines de mayo- lograron anticipar el ingreso de divisas y proporcionar un «alivio temporal», al tiempo que trasladaron algunos riesgos subyacentes a un futuro próximo.
«Las presiones políticas para aumentar el gasto ante el deterioro de la situación económica también podrían poner en peligro el ajuste fiscal previsto. Por el lado positivo, una mayor demanda mundial de las exportaciones argentinas podría dar lugar a un aumento del crecimiento y de la entrada de divisas, reduciendo la presión sobre el tipo de cambio», concluyó la OCDE.