Avanzan con la relocalización de criollos en Santa Victoria Este

25 DE Febrero 2021 – 14:37
Ayer se reunió la Mesa de Gestión Territorial en donde siguen buscando la mejor manera de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana. El otro tema importante fue nuevamente la necesidad de los pozos de agua.

Ayer se realizó la reunión mensual de la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este. El encuentro estaba agendado para el 24 de febrero en la ciudad cabecera municipal. La Mesa de Gestión Territorial es un espacio de participación comunitaria de familias y organizaciones criollas e indígenas, ONG locales, más las instituciones estatales: municipales, provinciales y nacionales.

Si bien se abordan temáticas vinculadas a la tierra, agua, proyectos de desarrollo productivo, entre tantos otros; en la última reunión se trató especialmente el proceso de relocalización de familias criollas en el marco del Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso N⁰ 12.094 Lhaka Honhat y los proyectos pendientes de aprobación para obras de agua, como los puntos más importantes. Es un encuentro mensual en donde siempre se ponen en consideración varias propuestas de proyectos y se acuerda la distribución de los mismos entre las organizaciones locales.

“Se trató de avanzar con los aspectos que implica la relocalización de las familias criollas que tienen que cambiarse a las tierras asignadas por el fallo de la Corte Interamericana que estaban en los exlotes fiscales 14 y 55, y que el Estado debe hacerse cargo de cumplir ese fallo, que ya está pasando el tiempo y se están cumpliendo los tiempos, y que se debe garantizar de la mejor manera”, dijo la abogada María José Castillo de la Secretaría de Agricultura Familiar.

Las organizaciones criollas que estuvieron presentes fueron Organización de Familias Criollas, Asociación Ganadera 20 de Septiembre, Asociación de Pequeños Productores Real Frontera, Asociación Vecinos Unidos, Asociación Nuestro Chaco y Asociación El Sol. También se encontraban presentes representantes de la Asociación Lhaka Honhat.

Por parte del Estado participó el Municipio, representado por el secretario de Gobierno, Rogelio Segundo; y el secretario de Obras Públicas, Osvaldo Menéndez; Por parte del Gobierno provincial estuvo la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas; el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal; y de la secretaria de Asuntos Indígenas, Florencia Luñiz.  Por parte del Estado nacional, participaron el Director de la DIPROSE, Juan Manuel Fernández Arocena; del INTA el coordinador del Centro Regional Salta – Jujuy, José Minetti; de la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la delegación Salta, la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo; y el secretario Ignacio Garzarón; con los técnicos territoriales de la Oficina Local del Ministerio de Ganadería y Pesca de la Nación (SAFCI / INTA).

Entre otros puntos se acordó la conformación de un espacio de trabajo para la construcción participativa de la propuesta de relocalización y Desarrollo Productivo de las familias criollas, que suman unas 500 familias aproximadamente.

“Lo bueno de que participen las organizaciones campesinas con las indígenas más el Estado es que vamos tratando temas concretos con sus soluciones. Ahora hablamos concretamente de las condiciones de la relocalización en cuanto a pasturas, alambrados y agua. Cosas puntuales para que no dejemos solos a estas familias criollas que se tienen que mudar. Pero entonces también tratamos con mucha urgencia el tema de los pozos de agua porque ese es un condicionantes para todos los pobladores”, concluyó Castillo.

El 2 de abril del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencia de fondo en el caso Lhaka Honhat contra la República Argentina, sentencia que, por su trascendencia, bien podría ser calificada como la más importante que se haya dictado histórica e institucionalmente para la Provincia de Salta, considerando los efectos que habrá de producir en ella dado el emplazamiento de las 643.000 hectáreas que componen los exlotes fiscales 14 y 55 sobre los cuales versaron las reclamaciones y ahora ya son territorio indígena.

“La trascendencia de la decisión dictada por uno de los tribunales de mayor gravitación del mundo, en materia de derechos humanos, viene dada por los efectos colectivos que involucran un universo de 132 comunidades indígenas, que alcanzan una población estimada de más de 10.000 personas, a los que deben añadirse unas 400 familias criollas que suman alrededor de 4.000 personas que habitan este territorio de la Provincia de Salta”, opinó en su momento en una columna el abogado Oscar Pedro Guillén.